Sentencia A. 1359/24

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1359/24

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Reglas para dirimir conflictos ante la Jurisdicción Ordinaria

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA EN TUTELA POR FACTOR TERRITORIAL-Competencia del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos

 

(...) la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo sin más al lugar de residencia de la parte accionante o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales. En efecto, esta Corte ha expresado que la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen los efectos de la misma, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes.

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1359 DE 2024

 

Referencia: Expediente ICC-4726

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico) y el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Magangué (Bolívar)

 

Magistrada ponente:                     

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

 

Bogotá D. C., trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.      ANTECEDENTES

 

1. En el mes de junio de 2024, el señor Eduar Mejía Castillo instauró una acción de tutela en contra de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Atlántico al considerar vulnerado su derecho de petición. El accionante estimó que la entidad no emitió una respuesta de fondo frente a la solicitud que radicó el 27 de mayo de 2024 en la ciudad de Barranquilla, relacionada con la revocatoria de los mandamientos de pago que fueron emitidos en su contra con ocasión de las sanciones que le fueron impuestas por haber incurrido en diferentes infracciones de tránsito^[1].

 

2. Para recibir respuesta, el actor registró su correo electrónico. Adicionalmente, en el correo de radicación de la petición el demandante señaló sus datos de identificación y de contacto además de una dirección física ubicada en la ciudad de Barranquilla^[2].

 

3. El 21 de junio de 2024, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico) declaró su falta de competencia para conocer el asunto y ordenó la remisión del expediente a la Oficina Judicial de Reparto para que fuera repartido a los jueces del circuito de Magangué[3]. Argumentó que el lugar donde se producen los efectos de la vulneración del derecho del accionante es Magangué ya que (i) en los hechos descritos en la petición este señaló que en dicho municipio podía recibir “cualquier tipo de notificación tanto de carácter administrativa como judicial”[4] y (ii) es el lugar donde aquel reside^[5].

 

4. El 9 de julio de 2024, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Magangué (Bolívar) declaró su falta de competencia para avocar conocimiento de la acción, suscitó el presente conflicto negativo de competencia y remitió el proceso a la Corte Constitucional para que dirimiera la controversia. Sustentó su decisión en que tanto la vulneración del derecho fundamental del actor como los efectos de la misma se produjeron en el Departamento del Atlántico. Ello, toda vez que “la acción de tutela [está dirigida] en contra [de la Secretaría de] Tránsito del Atlántico”^[6].

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

5. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[7]. Asimismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[8]. En consecuencia, esta Corporación ha establecido, según las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018^[9], que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[10].

 

6. En el presente asunto, la Corte encuentra que el conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 270 de 1996^[11], pues involucra a dos autoridades judiciales de la misma jurisdicción que hacen parte de distintos distritos judiciales. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

7. Ahora bien, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial^[12], (ii) el factor subjetivo^[13] y (iii) el factor funcional^[14].

 

8. Esta Corporación ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo sin más al lugar de residencia de la parte accionante^[15] o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales^[16]. En efecto, esta Corte ha expresado que la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen los efectos de la misma, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes^[17].

9. Por otra parte, este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues por el criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover.

 

III. CASO CONCRETO

10.Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional encuentra que en el presente proceso se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial.

(i) Inicialmente, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo declaró su falta de competencia para conocer el asunto y concluyó que en Magangué se produjeron los efectos de la presunta vulneración del derecho fundamental de petición del actor.

(ii) Posteriormente, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Magangué resolvió no avocar conocimiento del asunto y propuso el conflicto negativo de competencia pues estimó que tanto los hechos que motivaron la presentación de la acción como sus efectos se produjeron en el Departamento del Atlántico.

11. Para la Sala Plena, ninguna de las autoridades judiciales en conflicto es competente para conocer el asunto.

12. Llegados a este punto, es menester mencionar que, como fue descrito en los antecedentes de la presente providencia, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo asignó la competencia por el factor territorial teniendo en cuenta las direcciones físicas, ubicadas en Magangué y en Cartagena, que el actor señaló en la petición como aquellas en las que debería haber sido notificado de los trámites contravencionales adelantados en su contra. Sin embargo, esta Corporación observa que dicho despacho no advirtió que en el expediente obra prueba de que el demandante, en el correo de radicación de la petición, señaló una dirección física en la ciudad de Barranquilla para recibir la respuesta correspondiente[18].

13. Así las cosas, se evidencia, por un lado, que el demandante instauró la acción de tutela al considerar que la Secretaría de Tránsito y Transporte del Atlántico, cuyo domicilio se encuentra en Barranquilla, vulneró su derecho fundamental de petición al no responder de fondo la solicitud que elevó el 27 de mayo de 2024. En ese sentido, al ser Barranquilla la ciudad en la que debía emitirse respuesta de fondo por parte de la entidad accionada, se puede afirmar que es allí donde aconteció la presunta vulneración del derecho fundamental referenciado.

14. Por el otro, los efectos de la vulneración se extienden a Barranquilla en la medida en que el accionante, en el correo de radicación de la petición presentada el 27 de mayo de 2024[19], señaló una dirección física ubicada en dicha ciudad para ser notificado de la respuesta emitida por la Secretaría de Tránsito y Transporte del Atlántico.

15. Con base en lo expuesto, la Sala concluye que ninguna de las autoridades involucradas tiene competencia territorial en Barranquilla, lugar en el que se presentó la supuesta vulneración y en el cual se extienden los efectos de la misma.

16. En situaciones como esta, en las que se concluye que ninguno de los dos juzgados en conflicto ostenta la competencia territorial, la Sala Plena ha decidido enviar la acción de tutela a la oficina judicial de reparto del lugar con competencia territorial, en cumplimiento de los principios de celeridad y eficacia de la tutela^[20].

17. Por ende, en aplicación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el asunto será remitido a la Oficina Judicial de Reparto de Barranquilla (Atlántico), para que realice el trámite pertinente de distribución de la acción de tutela. Así mismo, se advertirá a ambas autoridades judiciales que, cuando consideren que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades establecidas para dicho efecto en la Ley 270 de 1996 y en el Auto 550 de 2018 de la Corte Constitucional.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

PRIMERO. REMITIR el expediente ICC-4726 a la Oficina Judicial de Reparto de Barranquilla (Atlántico) para que, de manera inmediata, distribuya el asunto entre los juzgados con competencia territorial.

SEGUNDO. ADVERTIR al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo y al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Magangué que siempre que consideren que existe un conflicto de competencia en materia de tutela este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.

TERCERO. Por la Secretaría General de esta Corporación, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a la Oficina Judicial de Reparto de Barranquilla, al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo, al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Magangué y al accionante.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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